La norma prevé que queden fuera del dominio público y pasen a Patrimonio del Estado por 75 años, lo que evita su demolición.
Los propietarios están satisfechos pero lamentan que la ley continúe sin permitirles escriturar las viviendas a su nombre.
El Gobierno central indultó ayer por 75 años las 517 viviendas construidas en la ribera marítima de Pedregalejo, El Palo y La Araña, que
quedarán excluidas del dominio público marítimo terrestre y supone una legalización encubierta de esas viviendas que hasta ahora estaban amenazadas de demolición al estar levantadas sobre suelo público marítimo.
quedarán excluidas del dominio público marítimo terrestre y supone una legalización encubierta de esas viviendas que hasta ahora estaban amenazadas de demolición al estar levantadas sobre suelo público marítimo.
La amnistía de estas viviendas, que era una reivindicación histórica de sus inquilinos, se hace efectiva tras la aprobación ayer en el Consejo de Ministros de la modificación de la Ley de Costas. El nuevo texto precisa que los suelos donde se levantan estas viviendas se incorporarán al patrimonio del Estado como bienes patrimoniales y se regirán por lo determinado en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Esta es la única pega que ponen los propietarios de estas viviendas, según un portavoz de la asociación de vecinos de El Palo, ya que la nueva ley no prevé que esos suelos queden desafectados y no permite que las viviendas puedan ser escrituradas a nombre de sus propietarios, que es otra de las reclamaciones que siempre han mantenido sus inquilinos.
La Ley señala que las zonas ahora amnistiadas, como las del litoral Este de Málaga, serán definidas y cartografiadas para que no pueden crecer. En cambio los propietarios de las casas en la playa las podrán vender y hacer reformas sin permiso siempre que no aumenten de altura ni volumen.
En este sentido, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aplaudió ayer la regularización las casas de las históricas barriadas de Pedregalejo y El Palo. «Va a afectar de manera enormemente positiva a estos espacios de la ciudad ya que permitirá resolver de una tacada la situación de inseguridad en la que se encuentran».
Además de las casas de El Palo y Pedregalejo, la nueva ley de Costas regulariza la situación de otras nueve barriadas históricas en otras ciudades españolas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó ayer el nuevo proyecto de Ley explicando que la norma anterior, de hace 24 años, no ha cumplido «debidamente» sus objetivos de protección del litoral y del medio ambiente y ha creado «inseguridad jurídica».
No es una amnistía. La reforma de la ley está encaminada a proteger nuestra riqueza medioambiental, librar al litoral de atrocidades urbanísticas, según señaló Sáenz de Santamaría, que destacó que la Comisión Europea ha valorado muy positivamente este nuevo texto.
Se estima que en España hay unas 10.000 viviendas construidas en dominio público, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. En 2018 expirarían las primeras 1.100 concesiones, lo que obligaría a su demolición si no fuera por la reforma.
La nueva norma, añadió el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, beneficia a quienes estaban legítimamente en la costa, pero «no es una amnistía de situaciones ilegales».
El proyecto, valorado por la Comisión Europea por la seguridad jurídica que da a los propietarios extranjeros pero criticada por las ONG, amplía las concesiones a otros 75 años más a todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes, hoteles..) que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre.
Entre las novedades de la futura norma destaca la llamada «cláusula antialgarrobicos», que supondrá tolerancia cero frente a las agresiones en la costa y permitirá actuar al gobierno frente a los acuerdos municipales que aprueben obras contrarias a la ley.
Otra novedad es la distinción entre playas urbanas y playas naturales, incrementando la protección de estas últimas.
También se evita que se pueda adquirir de buena fe un inmueble en la costa y descubrir después que, en realidad, no se es propietario porque el bien está afectado por el deslinde del dominio público.
Autorización de 4 años para los chiringuitos de playa desmontables. La nueva ley también cambia con opciones más favorables para la instalaciones playeras. Los chiringuitos y demás instalaciones desmontables de la playa recibirán un permiso cada cuatro años en vez de anualmente, como hasta ahora. Se estima que solo en Andalucía, tanto los fijos como los desmontables generan más de 40.000 empleos. Aunque el nuevo proyecto de ley deja al reglamento que desarrollará después la ley cuestiones como las medidas de estos establecimientos, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, avanzó que se respetará el límite actual de 150 metros cuadrados.
También concretó que en las ocupaciones en zona de servidumbre se podrán hacer obras de mejora si no aumenta la altura, el volumen ni la superficie y siempre que el titular firme una declaración responsable que comprometa la introducción de medidas de eficacia energética y en consumo de agua. Cumpliendo este requisito, no tendrán que esperar al informe de idoneidad.
En cuanto a las instalaciones desmontables que se encuentran en estas zonas y que hasta ahora tenían un periodo de autorización que debían renovar anualmente, el proyecto de ley concede las licencias por un periodo de cuatro años. Para renovarlas, los titulares de estas explotaciones (como chiringuitos desmantelables o instalaciones náuticas no permanentes) deberán someterse a régimen de concurrencia competitiva, de modo que no será automática la prórroga de su licencia.
La anterior ley expropió a todos estos propietarios sus posesiones al fijar unas nuevas lindes; a cambio les otorgó concesiones por 30 años, que iban a empezar a expirar a partir de 2018.
Fuente: La Opinión de Málaga.
Publicación: JAVI LUKE (Administrador).
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